¡No es el régimen de gobierno, estúpido!

Todos parecen tener la solución ideal a la crisis de confianza y credibilidad que afecta a las principales instituciones del país. De cara al próximo proceso constituyente comienzan a surgir toda clase de propuestas para recuperar la esquiva gobernabilidad política y estabilidad institucional, olvidando que la actual crisis tiene origen multicausal.

La discusión presente gira en torno al sistema de gobierno que debería regir en el futuro. Lo más avezados sugieren reemplazar al actual sistema presidencial, propio de nuestra historia e idiosincrasia criolla, por uno de tipo semipresidencial e, incluso, parlamentario, solo para dar mayor protagonismo y cabida al Congreso Nacional en el quehacer político.

Pero no olvidemos que nuestro régimen presidencial, arraigado en una invariable tradición republicana y constitucional (constituciones de 1833 y 1925), ha sobrevivido a varios quiebres institucionales. La respuesta a cada crisis no ha sido alejarnos del modelo presidencial, para dar cabida a otro sistema rupturista y ajeno a nuestra tradición, sino que mantenerlo. Esta crisis, ciertamente, no es la ocasión para abandonarlo. Tenemos ejemplos cercanos que lo desaconsejan (Perú).

Cualquiera sea el régimen que finalmente se acuerde en la instancia constituyente, y admitiendo mi preferencia por no cambiarlo, sino más bien perfeccionarlo, ningún sistema político será capaz de asegurar la anhelada gobernabilidad y estabilidad, si no abordamos, al mismo tiempo, dos cuestiones fundamentales: la duración del mandato presidencial y el sistema de elección parlamentario. Ambas cuestiones han estado ausentes del actual debate.

La actual duración del mandato, limitado a cuatro años, sin reelección, es un plazo insuficiente para hacer grandes transformaciones de largo plazo y desarrollar políticas de Estado. A partir del año 2006, cuando se modifica su plazo, fecha que coincide más o menos con el inicio del deterioro de la calidad de la política, la contingencia política de corto plazo los convierte en jefes de gobierno y no de Estado. En ese rol, su principal preocupación se limita a cumplir su mandato y a buscar la reelección de su coalición.

Habiendo, pues, argumentos a favor y en contra de la reelección inmediata o a extender el período presidencial, lo cierto es que la duración del actual mandato ha probado ser inconveniente. La discusión, entonces, será si mantener el actual periodo de cuatro años, con reelección, o bien extender la duración a 5 o 6 años, sin reelección. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas, y no pueden ser analizadas en forma aislada, sin considerar sus efectos colaterales en otras instituciones y elección de autoridades. Lo importante es buscar un sistema que premie una exitosa gestión política y una gobernabilidad y estabilidad institucional.

Si queremos que lleguen parlamentarios que representen a una mayoría absoluta de electores, evitando la fragmentación y polarización, la alternativa de evaluar la incorporación de un sistema electoral mayoritario asoma como necesaria y conveniente. Facilitaríamos, de este modo, la llegada de los mejores candidatos al Congreso.

Nadie discute, por otra parte, la inconveniencia de haber cambiado el sistema de elección parlamentaria, de uno binominal a uno proporcional. No es necesario apuntar a sus autores y responsables ni ahondar en sus desastrosas consecuencias en el trabajo parlamentario. Hoy, a partir del trabajo constituyente, se presenta una oportunidad para corregir este histórico error. Si queremos que lleguen parlamentarios que representen a una mayoría absoluta de electores, evitando la fragmentación y polarización, la alternativa de evaluar la incorporación de un sistema electoral mayoritario asoma como necesaria y conveniente. Facilitaríamos, de este modo, la llegada de los mejores candidatos al Congreso.

En ningún caso, el camino institucional y democrático para enfrentar la crisis política pasa por adelantar el término del mandato presidencial y parlamentario vigente, como pretenden algunos. Ello no solo implicaría un grave atentado al régimen democrático, sino que también la materialización de un golpe institucional, al estilo peruano, sin precedentes bajo la vigencia de la actual Constitución. Derrocar a un Presidente en ejercicio, solo ahondaría la crisis de gobernabilidad.

No olvidemos que el Congreso aprobó recientemente una reforma constitucional, dando inicio al proceso constituyente, que estableció explícitamente lo siguiente: “La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial” (Art. 138, inciso segundo). Es decir, los autores del proyecto pretenden borrar con el codo lo que escribieron con la mano. La mala fe de sus autores deja al descubierto que se encuentran incapacitados para ejercer su cargo en forma republicana.

Se puede mejorar la calidad de la política y, al mismo tiempo, asegurar la estabilidad institucional, sin cambiar el régimen de gobierno. No cabe duda que el sistema presidencial saldrá fortalecido del trabajo constituyente, aunque ya no como lo conocemos hoy, pero de ahí a aseverar la necesidad de sustituirlo por uno semipresidencial o parlamentario, hay un abismo; y en el caso de adelantar el término de un mandato político aún en curso, un golpe institucional.

En ningún caso, el camino institucional y democrático para enfrentar la crisis política pasa por adelantar el término del mandato presidencial y parlamentario vigente. Ello no solo implicaría un grave atentado al régimen democrático, sino que también la materialización de un golpe institucional, al estilo peruano, sin precedentes bajo la vigencia de la actual Constitución. Derrocar a un Presidente en ejercicio, solo ahondaría la crisis de gobernabilidad. No olvidemos que el Congreso aprobó recientemente una reforma constitucional, dando inicio al proceso constituyente, que estableció explícitamente que “la Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial”. Es decir, los autores del proyecto pretenden borrar con el codo lo que escribieron con la mano.

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