El necesario control del patrimonio de las Fuerzas Armadas

El control presupuestario de todos los servicios del Estado es esencial para la salud fiscal del país. Ello incluye a las Fuerzas Armadas. Estas son un servicio especializado más del Estado, que involucra grandes inversiones en infraestructura, un alto financiamiento público para su gasto corriente y para sus proyectos estratégicos.

El control es esencial, además, en la ética de responsabilidad que en un Estado moderno conlleva el ejercicio organizado de la función de seguridad. Debe comprender tanto la contabilidad de ingresos y gastos corrientes, como el análisis sistemático y periódico de la calidad de ese gasto, es decir, la eficiencia con la cual se dota y ejecuta el presupuesto en relación con los fines funcionales del  servicio.

En esta contabilidad no deben existir ni situaciones ambiguas ni dineros que no se informan. Por ejemplo, se debe controlar y definir claramente el destino de los retornos fiscales, es decir, aquellos fondos que no se ejecutaron en el año calendario respectivo, o que provienen de servicios a terceros que han generado ingresos. También los frutos o beneficios del patrimonio permanente, todos los cuales forman los llamados fondos propios en nuestra contabilidad fiscal, pero cuyo origen primario proviene de financiamiento o aporte del fisco (de propios no debieran tener nada).

En la Defensa, la existencia de actividades internas que implican movimientos contables, sin control o registro fiscal de la Hacienda Pública, es una invitación a la corrupción, pues esos dineros siempre tienen el amparo de reserva de la “seguridad nacional” en materia de acceso a la información. Si es obligación primaria del Estado el financiamiento adecuado de la Defensa Nacional, es –por su parte– obligación esencial de sus institutos militares el gasto probo y la información debida a la Hacienda Pública. La experiencia reciente de Chile deja mucho que desear en esta materia, es cosa de recordar el denominado “Milicogate”.

Cada peso que se invierte en la Defensa Nacional en tiempos de paz, se asemeja a un seguro que el país paga, para prevenir conflictos o contingencias armadas futuras. El costo de ese seguro compite, particularmente en épocas de crisis como hoy, con los mismos recursos con otros servicios del Estado, como Salud, Vivienda o Educación. De ahí la importancia de calificar la calidad del gasto y garantizar que no haya recortes, desperdicios o malas decisiones.

Recientes publicaciones de prensa han dado cuenta de operaciones de mercado inmobiliario por parte del Ejército que incluyen la venta, parcial o total, de propiedades pertenecientes al PAF (Patrimonio de Afectación Fiscal) que maneja su Comando de Bienestar, y que se ha originado en adjudicaciones a título gratuito que le hace el fisco para los fines institucionales, y que por alguna razón nunca se cumplieron o ya no se cumplen.

Entre ellos está un paño ubicado en el triángulo formado por las calles Presidente Riesco, Alonso de Córdova y Américo Vespucio, exclusivo sector de la Comuna de Las Condes, cuya adjudicación a terceros bordearía los 120 millones de dólares. Otra operación tendría ya 4 años, con la enajenación de una hectárea frente a la Escuela Militar, por 46 millones de dólares, a la inmobiliaria Ralei. Esta, luego de un proyecto fallido de US$ 100 millones, lo traspasó a la Inmobiliaria Territoria, con intereses de inversionistas árabes, y que invertiría US$ 160 millones en un complejo de uso mixto. Una tercera, sobre la que existe un aviso de prensa informando, es la licitación o venta de un paño adyacente al Hospital Militar en la comuna de La Reina, por un precio de alrededor de 42 millones de dólares. La explicación que se dio es que se capitalizaba a la institución para “poder construir tres torres de edificios para suboficiales en la comuna de Estación Central” (sic).

Cada peso que se invierte en la Defensa Nacional en tiempos de paz, se asemeja a un seguro que el país paga, para prevenir conflictos o contingencias armadas futuras. El costo de ese seguro compite, particularmente en épocas de crisis como hoy, con los mismos recursos con otros servicios del Estado, como Salud, Vivienda o Educación. De ahí la importancia de calificar la calidad del gasto y garantizar que no haya recortes, desperdicios o malas decisiones.

Según un oficio enviado por el Ejército a la Cámara de Diputados y Diputadas sobre el PAF, este tiene unas 5.600 propiedades registradas, con avalúo fiscal superior a los $400 mil millones, e ingresos por arriendos de unos 10 millones de dólares al año (años anteriores). Son propiedades exentas de contribuciones, pero que quedan desafectadas del PAF automáticamente cuando se venden. El volumen real de superficie afectada al PAF en el país podría llegar fácilmente a unos 8 millones de hectáreas y las propiedades superar las 10 mil, aparte de todas las instalaciones con fines militares.

Lo significativo es que la contabilidad de este enorme patrimonio y sus frutos se calza al margen del Presupuesto Corriente, y del destinado a la compra de grandes sistemas de armamento. El gasto corriente de Defensa será de 1.700 millones para 2021, que prácticamente se dobla con el gasto previsional que el Estado paga a los jubilados de sus FF.AA. El PAF, cuando se liquida, debiera servir para aminorar esta carga y no para ingresar a un hoyo negro de contabilidad interna.

Las acciones inmobiliarias del PAF son posibles porque existe una ley que blinda la entrega de bienes a las FF.AA. dejándolos a merced de la voluntad de cada institución. Pese a que hoy existen procedimientos más formales para acceder a inmuebles, a diferencia de los años noventa y antes, durante la dictadura, en los que era pedir y llevar.

Por su parte, el Ministerio de Bienes Nacionales ha dicho que no tiene la facultad de reincorporar al patrimonio fiscal los bienes del PAF que no se están utilizando.

El problema de fondo va más allá de temas presupuestarios. En medio de la falta de control y transparencia, nadie puede garantizar que no se produzca una cadena de actos corruptivos o faltas de probidad, cuando se transan bienes que tienen valores de decenas de millones de dólares, valores que hasta se triplican cuando los bienes ingresan libres al mercado inmobiliario. Es una cadena especulativa asaz peligrosa para la Seguridad Nacional, que debe ser prevenida. Y que nada tiene que ver con inversiones militares propiamente tales.

Es obligación esencial de los institutos militares el gasto probo y la información debida a la Hacienda Pública. El volumen real de superficie que está en manos de las Fuerzas Armadas (Patrimonio de Afectación Fiscal, PAF) en el país puede llegar fácilmente a unos 8 millones de hectáreas, aparte de las muchas instalaciones con fines militares. Lo preocupantes es que la contabilidad de este enorme patrimonio y sus frutos se calza hoy al margen del Presupuesto Corriente y del destinado a la compra de grandes sistemas de armamento. Las sumas de dinero que se generan cuando los institutos armados venden bienes del PAF, ingresan a un hoyo negro de contabilidad interna.

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